Máximo Tribunal de Alzada no dio a lugar a la presentación de la Sociedad Julio Ramos e Hijos Ltda.  por diferencias tarifarias en contra del TPA.

La Corte Suprema rechazó el recurso de protección presentado por la Sociedad Julio Ramos e Hijos Ltda.
en contra de la empresa Terminal Puerto Arica S.A. por establecer diferencias tarifarias a contenedores.
En fallo dividido, la Tercera Sala del máximo tribunal del país –integrada por los ministros Sergio Muñoz, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz y Manuel Antonio Valderrama– descartó que el fijar tarifas diferenciales en las instalaciones portuarias a contenedores, constituya un actuar arbitrario e ilegal de la recurrida.
“Que del examen de los antecedentes conocidos en estos autos, se puede colegir que la diferencia que motivó la presentación de esta acción cautelar, está racionalmente justificada en base a criterios objetivos aplicados por la sociedad Terminal Puerto de Arica, relacionados con la cantidad de unidades de contenedores anuales que cada parte moviliza, fundando un menor cobro a quien utiliza mayormente los servicios de la recurrida, que a diferencia del actor, en el caso de ASPB es 170 veces superior”, sostiene el fallo.
La Resolución agrega que “Asimismo, en esta diferenciación, no se contiene referencia alguna de carácter subjetiva acerca de personas en particular o de características adscritas al recurrente, como podría ser su edad, sexo, raza, origen social o nacional, sin hacer preferencias en virtud de otra categoría que pudiera resultar inaceptable para la distinción de que se trata, como lo sería la condición social, la posición económica o las creencias del requirente, ni que la controversia tarifaria responda a un propósito de hostilidad contra aquél, su empresa o de una persona o de un grupo relacionado, sin importar, tampoco, un indebido favor o privilegio personal o de grupo, criterio de divergencia además lícito, puesto que se asila en una disposición reglamentaria que expresamente lo autoriza para actuar de aquel modo, sin que se pueda concluir que el disímil trato entregado al recurrente tenga un carácter inicuo”.
La decisión adoptada contó con el voto en contra del ministro Muñoz.