Organización fue condenada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica a penas efectivas de presidio a autores de ese delito y asociación ilícita.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica condenó hoy a Reyna Huaringa Maquera y Kliver Zárate Sunción a la pena de 5 años y un día; Yemeyel Morales Álvarez, a la pena de 10 años y un día de presidio y a Kharlo Zárate Sunción, a la pena de 6 años de presidio, todas de cumplimiento efectivo, en calidad de autores del delito de asociación ilícita para el tráfico de migrantes, hecho perpetrado entre 2013 y 2016 en la zona fronteriza con Perú y Bolivia.
En fallo unánime (causa rol 291-2018), el tribunal –integrado por los magistrados Mauricio Petit Moreno (presidente), Eduardo Rodríguez Muñoz (redactor) y Macarena Calas Guerra– condenó además, a Reyna Huaringa Maquera y Kliver Zárate Sunción a la pena de 10 años y un día de presidio; a Kharlo Zárate Sunción a la pena de 11 años de presidio y a Yemeyel Morales Álvarez a la pena de 12 años y 6 meses de presidio, en calidad de autores del delito de tráfico de migrantes, en calidad de reiterado.
Asimismo, aplicó a los condenados las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, además del pago de las costas del juicio.
Además, el tribunal acogió parcialmente la demanda civil de indemnización de perjuicios interpuesta por el Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género–Servicio Jesuita a Migrantes en contra de los demandados Yemeyel Morales Álvarez, Reyna Isamar Huaringa Maquera, Kliver Arthur Zarate Sunción y Kharlo Allan Zarate Sunción y, en consecuencia, se condena a los demandados a pagar, solidariamente, una indemnización por concepto de daño moral a favor de once víctimas, ascendente a la suma de $4.000.000 (cuatro millones de pesos), por cada uno de ellos.
Una vez ejecutoriado el fallo, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas de los sentenciados para determinar sus respectivas huellas genéticas e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.
La resolución del tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, de la existencia de una organización que se dedicaba a ofertar a extranjeros, principalmente dominicanos, el ingreso a Chile, cobrando sumas de dinero que iban desde los 300 a los 3.000 dólares, de modo que, a través de sus miembros, de manera concertada y cumpliendo las instrucciones de Soledad Maquera Clabetía, promovían y facilitaban el ingreso a Chile de estos migrantes, disponiendo de medios logísticos en República Dominicana, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, a efectos de lograr el traslado, estadía y ocultamiento de los extranjeros, hasta su ingreso al país y llegada a su destino final, que por regla general correspondía a la ciudad de Santiago.
Asimismo, el tribunal acreditó el delito consumado de tráfico de migrantes, previsto y sancionado en el artículo 411 bis, inciso tercero, del Código Penal, “puesto que con la abundante prueba de cargo se pudo acreditar que una organización criminal compuesta por varias personas y que operaba tanto en República Dominicana, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, se dedicaban a promover y facilitar el ingreso ilegal de migrantes de origen dominicano hacia nuestro país, a cambio de dinero, conducta que desplegaron en forma reiterada durante a lo menos junio de 2013 a mayo de 2016, éste último inclusive”.