Luego de cuatro sesiones, las últimas dos sucesivas, los integrantes de la Comisión de Hacienda despacharon a Sala el proyecto que crea un subsidio de cargo fiscal para trabajadoras y trabajadores de bajas remuneraciones, el que originalmente había ingresado con el nombre de salario mínimo garantizado.
TAMAÑO DE LA EMPRESA
La propuesta de iniciativa del Ejecutivo, que se encuentra en segundo trámite, fue analizada en extenso debido a una diferencia fundamental. Parte de los legisladores y el Ministerio de Desarrollo Social eran partidarios de entregar el beneficio a todos los que cumplieran los requisitos. Sin embargo, la Cámara Baja había aprobado restringir el subsidio solo a aquellos trabajadores que tengan contrato en empresas medianas y pequeñas, o con ventas menores de 75 mil Unidades de Fomento (UF).
Luego de audiencias y conversaciones con el Ejecutivo, la Comisión decidió eliminar dicho criterio, por lo que el proyecto volvió a su redacción original. De esta forma, el subsidio será de 59 mil 200 pesos para quienes ganan el salario mínimo (301 mil), lo que les permitirá alcanzar un monto bruto de 360 mil 200 pesos y un monto líquido de 300 mil.
Esto implica un aumento del ingreso líquido de un 25% para los trabajadores con jornada laboral completa que actualmente reciben el salario mínimo. Además, el beneficio se extiende crecientemente a aquellos que ganan hasta 384 mil 363 pesos. Los que perciben menos del mínimo, deberán llegar a los 300 mil líquidos, por tanto, nadie podrá ganar menos que ese monto.
La eliminación de la restricción asociada al tamaño de la empresa buscaba acotar el subsidio a las medianas y pequeñas empresas, no obstante la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) hizo ver la situación de muchos trabajadores que se desempeñan en grandes firmas pero perciben bajas remuneraciones. De hecho se cuantificó en 200 mil afectados.
Desde el punto de vista conceptual, se argumentó que el subsidio va al trabajador y no al empleador, por tanto se generaba una discriminación si se aplicaba el criterio del tamaño de la empresa.
El texto que deberá revisar la Sala hace que le beneficio tenga un carácter automático (no requiere postulación) y cuando pase un año de vigencia, este instrumento sea evaluado por el Consejo Superior Laboral de la Subsecretaría del Trabajo.
Si el organismo reconoce la necesidad de prorrogarlo, se hará por 3 años más. Tras ese plazo, el gobierno de turno deberá presentar una ley en el mismo sentido, sino el subsidio dejará de operar.