Después de la detención del ex concejal Eloy Zapata y su traslado en silla de ruedas a la sala de audiencia, los jueces del Tribunal Oral dieron inicio formal al Juicio, proceso que durará unos seis meses.
AUDIENCIA
Luego de un incidente jurídico, que motivó incluso una orden inmediata de detención contra un imputado ausente en la sala y la interposición de un recurso de amparo en su favor, se inició finalmente el juicio oral contra 17 acusados por distintos delitos de corrupción en el llamado caso ‘Municipalidad de Arica’, incluido el ex alcalde Waldo Sankán, ex concejales y empresarios de la zona.
Aunque el proceso, que durará unos seis meses, debía iniciarse puntualmente a las 08.30 horas, en el Tribunal Oral en lo Penal de Arica, la ausencia en la sala del ex concejal Eloy Segundo Zapata Espinoza durante el reconocimiento de testigos motivó a los jueces a ordenar a la policía su inmediata detención, decretando para ello un receso de dos horas previo a la apertura formal de la causa.
La decisión de los magistrados motivó la reacción del defensor público Gonzalo Valenzuela, quien de inmediato interpuso un recurso de amparo en favor de Zapata -uno de sus representados-, cuyos problemas médicos no sólo justificaban su ausencia en la audiencia, sino que habían sido previamente acreditados por Valenzuela el pasado martes, cuando presentó una cautela de garantía y entregó los certificados médicos que demostraban el estado de salud de su defendido.
SERVICIO MÉDICO LEGAL
Ese día, el tribunal ordenó al Servicio Médico Legal (SML) evaluar y acreditar la condición psiquiátrica del ex concejal antes del inicio del juicio. Sin embargo, ese servicio informó que la evaluación de Zapata recién estará lista el próximo jueves 7 de agosto, tal como se confirmó.
Tras la presentación del amparo, la Corte de Apelaciones de Arica ordenó a los jueces del tribunal oral informar los antecedentes que tuvieron a la vista para ordenar la detención de Zapata, pese a los informes que confirmaban sus problemas médicos.
Finalmente, y tras ser detenido en su hogar, Eloy Zapata llegó al tribunal en silla de ruedas y, pese a los intentos de su defensor público por hacer valer su condición para evitarle permanecer en la sala, los jueces ordenaron seguir adelante con este proceso, en que los abogados de la Defensoría Regional de Arica y Parinacota representan a 14 de los imputados.
Así, con Zapata en la sala, los jueces ratificaron a los testigos y leyeron las respectivas acusaciones que pesan sobre los imputados, dando inicio formal al juicio oral. El recurso de amparo, en tanto, será alegado en la Corte de Apelaciones, mientras que el próximo lunes 4 comenzarán los alegatos de apertura de los intervinientes.
Consultado sobre la cautela de garantía y el recurso de amparo que presentó, el defensor público Gonzalo Valenzuela explicó que «tenía relación con ver si Eloy Zapata está o no en condiciones de ejercer una defensa material, es decir, si puede estar en conocimiento de representar y hacer alegaciones propias que inciden en este caso, no solamente en conocer y comprender los cargos que se le ha formulado, sino con la posibilidad de poder refutar toda la prueba en su contra. Con los antecedentes médicos se señalaba que no estaba en condiciones de comparecer al juicio», explicó.
JUICIO LARGO Y COMPLEJO
En detalle, la causa persigue delitos supuestamente cometidos por el alcalde Sankán, varios concejales y empresarios ariqueños en la ejecución de distintos proyectos municipales por un costo total de 3 mil 600 millones de pesos.
El juicio oral estará a cargo de los magistrados Mauricio Vidal Caro, Guillermo Rodríguez González y Mauricio Petit Moreno, quienes deberán determinar si declaran culpables o absuelven a los acusados.
Entre las pruebas incorporadas al proceso se contemplarán cien mil escuchas telefónicas, mil documentos y más de 200 testigos tanto de la Fiscalía como de las distintas defensas y querellantes.
Los profesionales de la Defensoría Penal Pública que participan son Raúl Gil, quien representa a Arnaldo Salas, Enrique Orellana y Héctor Arancibia; Gonzalo Valenzuela, a cargo de los imputados Eloy Zapata, Marcela Palza, María Becerra y Patricia Fernández; Antonio Revau, representante de Fernando Vargas, Gerardo Gajardo, Rodolfo Hernández y Ruperto Ojeda, y el abogado Hugo Peralta, quien defiende a Javier Araya, Manuel Terrazas y Sergio Navarro.