El senador por la región de Arica y Parinacota, José Miguel Insulza impugnó en Contraloría, junto al senador Felipe Harboe, el decreto que confería nuevas facultades a inspectores municipales, como una ayuda a la fiscalización de personas en medio de la pandemia por Covid-19.
La iniciativa, que el Gobierno retiró la tarde del lunes 11 de mayo desde Contraloría, era fuertemente criticada al contener algunos puntos inconstitucionales, ya que la facultad de fiscalizar o de hacer controles de identidad no corresponde a una labor de funcionarios municipales, “funciones que en muchos casos tenían que ver con cuestiones que estaban reservadas a la autoridad policial”, señaló el parlamentario socialista.
Y agregó que “nosotros hicimos presente al Contralor las dudas de legalidad que esto nos provocaba, señalando que entregar atribuciones que no tienen determinadas autoridades en la Constitución, debe hacerse de acuerdo con la ley, debe legislarse sobre esto”, relató el senador Insulza.
Por lo tanto, según el legislador, “el Presidente de la República podría hacer una de dos cosas, o redefinir las atribuciones, diciendo muy claramente cuáles serán las formas en que pueden actuar los funcionarios municipales, sin involucrarse en la potestad de la policía, bien enviar una ley”.
Para finalizar, indicó que si bien no estaba claro lo que piensa hacer el Presidente, “por el momento me parece una cosa positiva que haya retirado el decreto”.