Este jueves 24 de junio se desarrolló en la Cámara Alta una Sesión Especial de Sala en la que se abordó la política del Gobierno frente a las recientes expulsiones masivas de personas migrantes y el respeto a sus DDHH. La sesión coincidió con la expulsión de cerca de 60 personas migrantes (de nacionalidades colombiana y argentina), detenidas en Arica y Santiago.
En la cita, que contó con la asistencia del Subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli y de representantes de Unicef y de la Defensoría de la Niñez y otras organizaciones pro migrantes,. el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) también intervino, a través del Director de Incidencia Pública y Estudios, Carlos Figueroa, quien reiteró que la mayoría de las expulsiones dictadas y ejecutadas durante este año por el gobierno, y ya conocidas como “vuelos del terror”, son ilegales, colectivas y no han respetado estándares mínimos de debido proceso.
“Lo que buscamos junto a otras organizaciones de la sociedad civil es no repetir la historia reciente que hemos visto con las expulsiones. Tres vuelos, con cerca de 55 pasajeros cada uno, en los que se expulsó a migrantes fuera de Chile. El Gobierno tiene razón al decir que algunas de esas expulsiones están apegadas al debido proceso. Pero falta a la verdad al decir que todas ellas lo están. Porque no es lo mismo la expulsión de un ciudadano que conmuta una pena por microtráfico (u otro delito), que la de un ciudadano que es expulsado por medio de un acto administrativo, donde no ha tenido ninguna posibilidad de defenderse.”, explicó el vocero de SJM.
A juicio de Carlos Figueroa, “el gran gigantesco error en todos estos procesos administrativos de expulsión, es que ustedes (El Gobierno) han sido indiferentes frente a la ley y hacen caso omiso a su obligación de investigar cada caso. Porque ya lo dijo la Corte Suprema hace poco: ingresar por un paso no habilitado NO ES causal suficiente para expulsar a alguien del país”
“Le pedimos al Gobierno que detenga las expulsiones colectivas de carácter administrativo por el concepto de ingreso por paso no habilitado. Pero también queremos pedirle humanidad en estos procedimientos aun cuando estemos en desacuerdo con sus medidas. No es digno el trato que se les está dando a estas personas y eso también está en su poder revertirlo”, sentenció Figueroa.
EL ANÁLISIS LEGAL
El análisis legal
Hay que subrayar igualmente que debido a la situación política y sanitaria de nuestra región, la migración responde en muchos casos a una medida desesperada. Las personas dejan sus países y familias de forma abrupta en busca de un lugar donde puedan estar seguros, trabajar y subsistir. En este escenario, las personas que hoy migran a Chile lo están haciendo forzosamente, muchos de ellos y ellas no toman esta decisión voluntariamente y muchos de ellos podrían ser calificados como refugiados.
Macarena Rodríguez de la Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado, que junto su símil de la Universidad Diego Portales, trabajan mano a mano en la defensa de las personas migrantes con SJM, indicó que “la autoridad ha señalado que lo que hace en estas expulsiones es aplicar la ley, entonces le pedimos que efectivamente lo haga. Chile tiene una Ley de Refugio y un procedimiento al cual muchas de las personas expulsadas podrían acogerse, pero por el contrario, hoy se les niega esta posibilidad. A diferencia de lo que han resuelto otros países de la región, que precisamente les han otorgado un estatus regular atendida su condición y del llamado que han hecho los organismos internacionales, la autoridad les impide acceder a la Ley de Refugio”.