Tras varios meses de investigación, la Fiscalía de Arica formalizó y obtuvo la prisión preventiva de un imputado por el delito reiterado de fraude de subvenciones fiscales, al establecerse que entre los 2019 y 2020 se concertó con tres profesionales de la salud obteniendo cerca de 225 millones de pesos mediante el cobro de bonos por atenciones no realizadas.
La investigación, dirigida por la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía local, estableció que el imputado de iniciales M.S.R., concertado con los otros implicados, obtuvo de manera fraudulenta ese monto de dinero simulando prestaciones y utilizando los antecedentes de afiliados al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) sin su autorización, cobrando un alto número de bonos de atención.
M.S.R., además fue formalizado por el delito de lavado de activos al establecerse que utilizó una empresa de fachada vinculada a elementos tecnológicos, con el objeto de ocultar los dineros provenientes de la comisión de los delitos.
El trabajo investigativo determinó que entre los años 2019 y 2020 el imputado M.S.R., contactó a un psicólogo y a dos kinesiólogos con quienes concertó el fraude al emitir bonos por prestaciones o atenciones de salud, las cuales no se efectuaron, obteniendo así el pago de estas por parte de FONASA. De esta manera, los imputados se repartían las ganancias quedándose, M.S.R., con el mayor porcentaje.
En este contexto, se estableció que el imputado gestionó e ingresó al sistema especial de prestadores, fingiendo y simulando una atención profesional o consulta para cada beneficiario, generando que el propio sistema, en forma automática, transfiriera los fondos correspondientes a estas supuestas atenciones. Tras ello, realizaba la gestión de cobros de bonos a través de la plataforma, realizando el retiro del dinero en forma presencial por caja junto a cada profesional de la salud imputado.
Respecto de los otros tres imputados, serán formalizados por la Fiscalía en este mes de octubre.
M.S.R. fue formalizado y quedó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva, fijándose un plazo de investigación de 180 días.
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